Saben donde están, tienen identificados los movimientos de sus familiares y socios criminales, pero la descoordinación y corrupción impiden a las autoridades integradas.
Al Consejo Estatal de Seguridad, realizar operativos efectivos para detener a Gustavo Inzunza, Manuel Garibay y Cenobio Flores, líderes del Cártel de Sinaloa en Mexicali, Gustavo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto” instaló su célula criminal en el Valle de Mexicali, en territorios controlados de suyo por otro identificado delincuente, José Manuel Garibay Félix “El Gordo”.
La vecindad de los criminales mantiene a las autoridades a la expectativa del recrudecimiento de violencia. No sería la primera ocasión que el par de capos se enfrenten. A ellos se les atribuye en 2012, el incremento de un 25 por ciento en los asesinatos cometidos en la entidad, plaza disputada por ambas bandas del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, las corporaciones policíacas y de investigación en el estado no los detienen. Conocen la situación, los protagonistas, el contexto e incluso, la asociación de Garibay con el Cártel de Jalisco, relación presuntamente concretada durante los tres años (de 2010 a 2012) que lideró el control criminal en el Reclusorio Metropolitano de Guadalajara (Puente Grande). Pero en lugar de organizar operativos para detenerlos, solo manifiestan preocupación, a pesar que por “El Macho Prieto”, la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de 3 millones de pesos, y que sobre Garibay pesan dos órdenes de aprehensión.
Los investigadores bajacalifornianos, tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado como de la Policía Estatal Preventiva, pasando por el Ejército, tienen ubicadas las zonas donde viven y se trasladan ambos delincuentes; incluso en algunos casos las vigilan, pero nadie los detiene. Impunidad en su nivel pleno.
En el caso de “El Gordo” la impunidad fue tal, que el Poder Judicial federal lo liberó en junio de 2012, cuando purgaba pena en Puente Grande, Jalisco, por delitos contra la salud y delincuencia organizada. De ello no fue informado el Ministerio Público del Fuero Común de Baja California, donde contaban con elementos para su reaprehensión.
A este ambiente de impunidad se suma la corrupción en las corporaciones policíacas, la incapacidad e ineficiencia para originar, establecer y llevar a buen fin una investigación. De hecho la última captura por investigación en la capital, la realizó la PEP el 24 de junio de 2010, cuando Manuel Garibay Espinoza -padre de “El Gordo”- fue presentado como responsable del trasiego de toneladas de droga entre Colombia y México para Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El regreso de “El Macho”
Consta en expedientes oficiales y en poder del Consejo Estatal de Seguridad que desde octubre de 2012, Gustavo Inzunza se reinstaló plenamente en el valle cachanilla, justo cuando Fuerzas Especiales del Ejército abatieron a Manuel Torres Félix “El Ondeado”, el día 12 de ese mes en Culiacán, Sinaloa.
Áreas de inteligencia locales indican que entre febrero y junio de 2011, “El Macho” se mantuvo replegado a Baja California. El refugio seguro para él y su familia fue una casa en la Zona Oriente de Tijuana. Continuó operando a larga distancia en Mexicali.
Las autoridades consideran que el capo se resguardó después de recibir amenazas y ataques de Torres Félix, tras haber perpetrado el asesinato “no aprobado” del sinaloense Paulo Osorio Payón “El Pablo”, ultimado en compañía de cuatro cómplices el 12 de diciembre de 2010, a la altura del Kilómetro 36 de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, en Sonora. Multi-homicidio que causó una pugna interna en la representación del Cártel de Sinaloa en Sonora.
Respaldan los investigadores su hipótesis en el hecho que varios traficantes capturados por las fuerzas castrenses en Sonora, declararon que Inzunza estaba importando grandes cargamentos de armas ante la posibilidad de una embestida. Tras el abatimiento de “El Ondeado”, Inzunza se volvió a sentir seguro en Mexicali, adonde regresó y, con el apoyo de su compadre Luis Fernando Castro Villa y/o Cenobio Flores Pacho “El Checo” y/o “El Oaxaco” y/o “El Seis” , sigue formando parte de la organización criminal sinaloense, bajo las órdenes de Ismael “El Mayo” Zambada.
De hecho el retorno y reubicación de “El Macho” en el Valle de Mexicali, desde donde controla el arribo de grandes cargamentos, era considerado necesario para este grupo delictivo, pues desde diciembre de 2011, cuando Flores Pacheco se dio cuenta que las autoridades bajacalifornianas lo tenían plenamente identificado, ha evitado los arribos a Baja California, limitándose a la frontera con Sonora.
En octubre de 2011, las fuerzas integradas al Consejo Estatal de Seguridad informaron a ZETA que documentaban un expediente que aseguraría su captura, dado que contaban con información proporcionada por el “empresario” Luis Gabriel Mendívil Ávila, capturado el 12 de octubre de este año como parte de los operativos policiacos realizados tras el asesinato de la empresaria de bienes raíces María Martha Fernández Maldonado.
Este hombre fue identificado como cuñado de “El Checo”, compadre de “El Macho”,a quienes servía directamente. La Procuraduría federal inició procedimiento con la averiguación previa PGR/BC/MXL/1440/11, sin que hasta el momento se hayan tenido resultados. Hasta septiembre de 2012, los reportes oficiales indicaban que Ávila continuaba preso y bajo proceso.
Además están las imputaciones hechas contra Inzunza y Flores por José Antonio Parra Camargo, detenido en el mismo operativo del 12 de octubre de 2012, y versiones recabadas de una serie de traficantes menores detenidos apresados en tres operativos realizados en Mexicali durante 2012: el 12 de febrero en Bulevar Hacienda Los Portales; así como el 11 y 16 de abril en un narcolaboratorio ubicado en la colonia Carranza.
Pese a los señalamientos mencionados, no hay ningún cargo judicial formulado por las procuradurías en su contra. Bajo estas condiciones, la única opción prevista por las policías y fuerzas castrenses contra el grupo de “El Macho”-“Checo”, es la captura para el arraigo, siempre y cuando fueran sorprendidos en posesión de algo ilícito o cometiendo un delito.
Ante esta expectativa, evidentemente han decidido la comodidad de no arriesgarse.
De “El Checo” han asegurado le están dando seguimiento, pero “se la pasa más en Culiacán y Guadalajara… no viene”.
ZETA cuestionó a uno de los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública sobre las labores de coordinación, asimismo, si comparten información de su ubicación con autoridades de otros estados o con el Gobierno Federal, a lo que respondió:
“Nosotros solo tenemos control sobre las aprehensiones que se pueden hacer aquí en Baja California”.
Desde el mismo Consejo salió el reconocimiento de la desconfianza entre corporaciones, “incluso dentro de Mexicali, nadie confía ni comparte información con nadie”, expuso uno de sus miembros.
La libertad de “El Gordo”
En el otro extremo del conflicto, con visos de división mafiosa e invadido en su territorio criminal, está el miembro más joven del clan de Los Garibay, quien aún preso en Jalisco, mantuvo el control de su plaza en el Valle de Mexicali, ordenando asesinatos de competidores y organizando el trasiego de enervantes.
A su 28 años, José Manuel Garibay Félix “El Gordo” ya fue acusado, apresado y liberado, tras deshacerse una imputación federal por delincuencia organizada. Mientras que en el fuero común lo absolvieron de un cargo de secuestro fincado en 2002, y tres de homicidio y asociación delictuosa que datan de 2003.
Desarmar los cargos le llevó cuatro años tras las rejas, pero antes que saliera del penal de Puente Grande, la PGJE de Baja California ya había concretado dos expedientes más que debieron sumarse al compendio acusatorio contra Garibay Félix, pero evidentemente, no se consideraron al momento de declarar el auto de libertad.
Se trata de las causas penales 417/2004 por homicidio calificado, y la 202/2002 acumulada a la 12/2010, radicada en Ciudad Morelos. En ambos casos se otorgaron las órdenes de aprehensión, razón por la cual, la federación estaba obligada a notificar al estado sobre la fecha de liberación para que el Ministerio Público del Fuero Común se apersonara a reaprehenderlo el 12 de junio de 2012, cuando lo dejaron salir. Pero eso no sucedió.
A la Procuraduría local tampoco le importó mantenerse pendiente de la inminente liberación que se hizo pública en el mundo judicial desde principios del mes de junio. Adicionalmente, a la PGR no le interesó la posibilidad de retenerlo, con las declaraciones que el 13 de marzo de 2012 -tres meses antes de la impune liberación- hicieron tres homicidas, capturados en posesión de armas que habían sido empleadas en varios asesinatos en Mexicali. Los sujetos manifestaron seguir las órdenes que Garibay Félix mandaba desde el interior de una prisión en Jalisco.
De nuevo “El Gordo” está prófugo
Luego que en 2002 se generara la primera orden de aprehensión contra José Manuel Garibay Félix, pasaron seis años para que éste fuera detenido. Agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) lo capturaron en territorio norteamericano.
Esta vez, en medio de la pugna interna, las autoridades creen que la espera será más corta. Entre marzo y septiembre del presente año, los números telefónicos para recibir denuncias anónimas atendieron información que ha permitido la captura de 11 empleados cercanos a “El Gordo”, datos que, consideran, pudieron provenir del bando contrario. Y al estarse delatando uno al otro, tendrán más posibilidad de capturarlos.
Sin embargo -y no lo ocultan- policías y titulares de las corporaciones obligadas a detener a estos hombres, “El Manuelón”, “El Macho” y “El Checo”, les tienen miedo. En todas las instancias de seguridad tienen y proporcionan información sobre ellos, pero se niegan a buscarlos abiertamente. Incluso en los trámites que hacen para solicitar datos oficiales respecto a los procesos o expedientes que tienen dependencias federales de estos mafiosos, buscan la forma de evitar ponerle nombre y apellido a la petición. Temen que los manden matar, y así lo han expresado.
Admiten la infiltración de las corporaciones, militares, policías estatales, federales, municipales y ministeriales; se acusan unos a otros de proteger al Cártel de Sinaloa y terminan por justificar: “Resulta muy difícil saber con quién se puede trabajar, incluso en los grupos operativos selectos se han organizado capturas que fracasan, porque los líderes criminales abandonan el lugar justo antes de nuestra llegada, no sabemos si les han avisado. Es muy complicado porque esto no es trabajo de un solo hombre o una sola corporación”, manifestó uno de los responsables de dar seguimiento a la ubicación de los cabecillas de la mafia en Mexicali.
— ¿Ya han tratado de detener a alguno de los líderes?, preguntó ZETA.
“En el último año hemos estado cerca de ‘El Checo’ y ‘El Macho’, pero se han escapado por cuestión de minutos y los operativos no exitosos no son tema para presumir. Ubicarlos de nuevo implica varios meses de labor de inteligencia, pero seguimos trabajando”, declaró un funcionario del área de seguridad.
En ese contexto, las expectativas de una pronta detención son prácticamente nulas.
“El Gordo” y el Cártel del Jalisco
En 2009, a su llegada a Puente Grande, Manuel Garibay Espinoza “El Gordo” fue cobijado por su familiar Miguel Auzeta Ontiveros “El Mike”, sobrino del extinto narcotraficante Juan Manuel Salcido Auzeta “El Cochiloco”, que para esas fechas ostentaba el poder del autogobierno carcelario.
Garibay Félix conoció el teje y maneje del reclusorio y de sus compañeros de encierro. Al ser liberado “El Mike”, José Manuel heredó el liderazgo basado en la “ley del garrote” y el poder económico para comprar voluntades.
Su abogado, Jesús Enrique Escárcega Loredo, que era el mismo de “El Mike” Auzeta y actualmente defiende a Manuel Garibay Espinoza, padre de “El Manuelón” y preso en el CEFERESO Número 3 en Santa Adelaida, Matamoros, logró que lo exoneraran de múltiples homicidios.
Inseguridad nacional
En los primeros seis días del sexenio de Peña Nieto, el país sufrió con ataques en varios Estados de la república mexicana. Por lo menos 29 personas fueron asesinadas por miembros del crimen organizado.
En Durango, los ataques se dieron en el municipio de Gómez Palacio, donde las autoridades reportaron la muerte de un policía federal y dos ministeriales, así como un civil.
Mientras que en Torreón, Coahuila fueron encontrados siete cuerpos desmembrados envueltos en una bolsa de plástico. Horas antes habían ejecutado a un par de policías municipales.
Además las autoridades chihuahuenses, informaron del asesinato de dos mujeres que acompañaban a un policía federal.
En tanto en Chiapas, en el municipio de Frontera de Cómala dos jóvenes fueron asesinados. Lo mismo ocurrió en San Luis Potosí.
Por su parte, en el estado de Nuevo León, fueron un total de siete los ejecutados en las primeras 72 horas del nuevo gobierno mexicano.
En Jalisco se reportaron dos ejecutados por arma de fuego. En Aguascalientes, fue atacada una central de policía, donde un jefe policiaco y un oficial fueron asesinados.
Los hechos se registraron en la zona norponiente de la ciudad, donde un grupo armado entró al edificio de Seguridad Pública e hizo disparos sobre el personal que laborada durante la madrugada.
Incluso, la violencia llegó hasta la casa de Gobierno de Ciudad Victoria en Tamaulipas, donde el miércoles cinco de diciembre se dio la explosión de dos granadas.
El ataque ocasionó varios daños materiales a los autos que estaban estacionados cerca de donde detonaron los explosivos, además del pavimento que sufrió cuarteaduras.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, los autores de este reprobable hecho huyeron en un vehículo Volkswagen Golf blanco.
